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Departamento de Estudios Legales de Fusades presenta el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del 2° semestre de 2017.

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El 22 de febrero de 2017, el Departamento de Estudios Legales de Fusades presenta el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del 2° semestre de 2018, en el cual se señalan los principales hallazgos que se señalan a continuación:

El proceso de elección de diputados y concejos municipales, así como el de selección de cinco magistrados de la CSJ, han englobado los principales sucesos sobre Estado de derecho en el segundo semestre de 2017. Ambos acontecimientos están muy relacionados, en cuanto que los diputados que resulten electos tendrán la última palabra sobre quiénes serán los nuevos magistrados del máximo tribunal de justicia en El Salvador. Los diputados crean las leyes y los magistrados defienden la Constitución, aun de posibles afectaciones de esas leyes. Estas funciones son siempre esenciales en un Estado de derecho, pero en este momento tienen una connotación especial.

El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 recientemente difundido, reportó que la nota global de El Salvador bajó a 0.48 en relación con el 0.49 de 2016, y, dentro de esto, señaló una disminución estadísticamente significativa en el componente de separación de poderes. Por otro lado, las presiones causadas por la inseguridad ciudadana han generado reacciones de las instituciones de seguridad, algunas de las cuales se han señalado como abusos de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. El 25 de enero de 2018, la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, visitó El Salvador y concluyó que “Los funcionarios reconocen que hay episodios aislados de ejecuciones extrajudiciales, pero yo discrepo con el Gobierno porque no son episodios aislados, parece que hay un patrón”. Se trata de una voz calificada que se suma a la exigencia de que las instituciones estudien el problema y respondan con medidas que prevengan los abusos y recuperen la confianza de la ciudadanía, pues el combate al crimen, jurídicamente, no puede ser fuera del debido proceso y, materialmente, se dificulta si la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones de seguridad. Esto es parte del panorama de Estado de derecho en el que deben trabajar los concejos municipales, diputados y magistrados que se elijan y por ello es sumamente importante la participación de la ciudadanía en ambos procesos de elección.

El TSE se encuentra organizando las elecciones, proceso en el que ha tenido los desafíos de cumplir con los mandatos jurisprudenciales, por ejemplo, en cuanto a la integración no partidaria de los Organismos Electorales Temporales y la capacitación de sus miembros. Al cierre de este informe, el TSE continuaba capacitando a los futuros miembros de las JRV, tarea fundamental para que puedan realizar el conteo de votos y el llenado de actas sin error alguno.

El CNJ creó un reglamento con elementos valiosos que, si se aplican, podrían ser útiles en la elección de la CSJ. La FEDAES ha tenido fricciones internas para la aprobación del reglamento para la elección que organiza y existe preocupación sobre intentos de incidir en la elección de parte de sectores contrarios a la independencia judicial. En la elección de magistrados es indispensable que todos los responsables en el proceso tengan en cuenta los criterios constitucionales y jurisprudenciales para elegir a los candidatos más capaces, decentes e independientes. Además, es necesario que la elección se haga en tiempo para evitar acefalía en la Sala de lo Constitucional.

En el Eje de Transparencia se hace un repaso de los principales acontecimientos, avances y retrocesos en materia de transparencia, acceso a la información pública, combate a la corrupción y libertad de expresión. En materia de indicadores, podemos señalar que en noviembre de 2017 se reportó que El Salvador reprobó el indicador sobre el control de la corrupción que evalúa la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), con un puntaje de 47% que implicaba una caída de 12% con respecto a 2016. Este es uno de los criterios que se deben cumplir para continuar siendo beneficiado por el FOMILENIO II y para construir el indicador se combinan hasta 23 diferentes evaluaciones y encuestas de organizaciones como el Banco Mundial, Freedom House, Latinobarómetro, entre otras. Asimismo, en el tercer trimestre de 2017, la corrupción se ubicó como el tercer obstáculo para la operación y crecimiento de las empresas, identificado por los empresarios encuestados en la Encuesta Dinámica Empresarial de Fusades. Otros indicadores retomados son el Latinobarómetro 2017, el Barómetro de las Américas 2016- 2017, el Índice de Estado de Derecho y el Barómetro Global de la Corrupción.

El sistema de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción requiere mayor coordinación, si bien se ve un germen en la Mesa de Expertos Gubernamentales que da seguimiento a las convenciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos contra la corrupción. Esta mesa presentó, en diciembre de 2017, propuestas de reformas para incrementar las penas de prisión y la prescripción para los delitos de corrupción. La creación de planes de acción en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto también ofrece una oportunidad para mayor coordinación y para la participación de la sociedad civil en estas temáticas.

En cuanto al desempeño de las instituciones, se comenta cómo el IAIP ha ido poniendo más atención a temas como la protección de datos personales en poder de entes públicos y la gestión documental y de archivos, los cuales también le competen y son básicos para un ejercicio adecuado del derecho de acceso a la información pública. Se comenta también la resolución de seguimiento en el amparo 713-2015 de octubre de 2017 y la aclaración de esta, de diciembre de 2017, en la cual la Sala de lo Constitucional incluye “ciertos apuntes sobre las características de la información cuyo carácter público constituye el objeto del derecho fundamental de acceso a la información pública”, los cuales tienden a limitar el acceso a la información y ampliar el ámbito de discrecionalidad para negar la información a los ciudadanos. Se enfatiza que la Sala invita en su aclaración a que la aplicación de los criterios debe ser motivada y hacerse conforme a la amplia jurisprudencia constitucional previa, respetando la LAIP, por lo que no implican carta blanca para impedir a los ciudadanos acceder a información que les pertenece.

En materia de fiscalización de los recursos públicos, se señala que la Corte de Cuentas de la República (CCR) continúa siendo una institución que no contribuye a la lucha contra la corrupción, por una parte, pues se continúa cuestionando su independencia, y por otra, tal como muestra la auditoría practicada a la misma CCR, por su falta de efectividad. Por su parte, la CSJ mostró limitada efectividad en el control del enriquecimiento ilícito. El trabajo de la Sección de Probidad y de la Corte en Pleno en materia de combate al enriquecimiento ilícito se vería fortalecido con la aprobación de una nueva Ley de probidad más moderna y más robusta. Por lo tanto, es necesario que la Sala de lo constitucional dicte sentencia en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley de Probidad aprobada en 2015, y que se proceda a dictar una nueva ley que le permita a la Sección de Probidad mejorar su funcionamiento. 

Finalmente, respecto del estado de la libertad de expresión en el país, se visualiza una mayor preocupación por la protección que se debe dar a los periodistas. El 11 de diciembre de 2017, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), junto con defensores de derechos humanos, universidades, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y profesionales de distintas especialidades, constituyó la “Mesa para la protección de Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información”. Según la APES, durante el año había registrado seis agresiones a la libertad de expresión, que incluyen homicidios, abusos de poder del Estado, amenazas a la integridad personal, así como despidos.  En el semestre también generó mucha preocupación que el caso sobre los “ciberataques”, a pesar de constituir una grave afectación a un medio de prensa escrita, concluyera con una sentencia absolutoria, en la que el tribunal de sentencia consideró, principalmente, que algunas conductas reprochadas a los imputados no constituyen delito conforme a la normativa penal salvadoreña y que no se logró individualizar a los imputados a través de la prueba vertida, pues el delito de falsedad material fue cometido por una persona que no figuraba como acusado en el proceso.

A finales de 2017, la FGR informó que apelará la decisión del tribunal. Durante el segundo semestre de 2017, el clima de negocios ha mostrado avances positivos con la aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos, la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y las reformas a la Ley de Asocios Público Privados, además de ofrecer un panorama positivo con la presentación del anteproyecto de Ley del Servicio Público a la Asamblea Legislativa. De igual forma, se concretó una reforma integral al Sistema de Ahorro para Pensiones, con la que se garantiza la propiedad de los ahorros de los trabajadores, su derecho a la seguridad social a través de pensiones dignas y vitalicias y, a la vez, el Gobierno de El Salvador encontró un alivio fiscal.

A pesar de los avances, El Salvador continúa con grandes retos para mejorar el clima de negocios y la seguridad ciudadana, pues la mera existencia de las nuevas normas no es suficiente. Su creación o modificación no garantiza su efectividad, por lo que se requiere de procesos de divulgación y capacitación para que, por un lado, el Estado ayude a dotarlas de positividad promoviendo su cumplimiento espontáneo e implementación y, por otro lado, los ciudadanos respeten la ley y exijan su cumplimiento. De igual forma, hay factores que se han caracterizado durante estos seis meses, como los mensajes inadecuados que transmiten algunos funcionarios, las claras arbitrariedades cometidas en la conformación de instituciones estatales, la alta incertidumbre jurídica y política, la excesiva burocracia, el bajo crecimiento económico, y los altos índices de delincuencia, que quedan como retos pendientes de afrontar. En el tema de seguridad ciudadana, 2017 cerró con una importante reducción en el número de homicidios en comparación con 2016 y 2015, pero las cifras continúan en niveles preocupantes, ya que más de 3,900 personas perdieron la vida en hechos violentos en El Salvador. Asimismo, la situación de hacinamiento carcelario continúa sin resolverse, a pesar de los avances percibidos con el programa “Yo cambio” y la creación de nuevos espacios en centros y granjas penitenciarias. Al final de 2017, la población carcelaria ascendía a 39,279 personas, pero la capacidad instalada para albergarla es solamente para 18,051 reos. Esto implica que los centros penales están siendo operados al 218%, pues existe sobrepoblación de más de 20,000 privados de libertad, es decir, hay un excedente del 118%. Por ello, no existen buenas condiciones para que la pena de prisión cumpla con su objetivo de rehabilitación. De acuerdo con la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, la delincuencia sigue siendo el factor que más afecta la calidad de vida de los salvadoreños.

Asimismo, la incertidumbre política/económica, las políticas económicas erradas, la baja actividad económica y la falta de inversión se encuentran dentro de los cinco factores principales que afectan el clima de negocios. Esto se complementa con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, donde la burocracia ineficiente tiene cerca de 10 años de ser otro de los principales problemas que afectan al país. En este sentido, cabe mencionar que hubo una serie de hechos que han generado incertidumbre a los salvadoreños, siendo dos de ellos: i) las irregularidades en la conformación de organismos estatales, como la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET); y ii) la pérdida de confianza en instituciones de seguridad, reportada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), limitándose así su posibilidad para ejecutar eficazmente los planes de seguridad ciudadana y el combate al crimen.

El Salvador necesita aprovechar las nuevas normas jurídicas creadas en materia de derecho administrativo e impulsar la pronta aprobación de una ley que regule el servicio público. Por ello, se debe promover su correcta aplicación y fiel cumplimiento, donde la Administración Pública adopte un rol de reculturización para detener la dispersión normativa y acatar estas normas como marcos generales que regirán sus actuaciones. De igual forma, se requiere de instituciones fuertes que hagan valer el derecho y que no permitan la impunidad, para recuperar la confianza de la población para que pueda desarrollar sus funciones de manera eficaz. También deben aplicarse planes a largo plazo en donde la represión del crimen sea acompañada con medidas preventivas y de la recuperación del territorio nacional.

Antiguo Cuscatlán, 22 de febrero de 2018



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