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Seguridad ciudadana

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Ante la alarmante situación de violencia que se vive en El Salvador, que cobró la vida de más de 2,000 salvadoreños en el primer trimestre del año , es necesario que el Estado, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, tome acciones efectivas, enmarcadas dentro del Estado de derecho, que coadyuven a poner fin a esta prolongada crisis de seguridad. Para lograr este objetivo, son fundamentales los consensos en torno a este tema que mantiene en permanente preocupación a todo el país.
En el presente, varias instituciones públicas están relacionadas directa o indirectamente con las actividades de seguridad y justicia en sus distintas fases: prevención, vigilancia, investigación y acusación, administración de justicia, y ejecución de sentencia; así como con la administración del sistema carcelario y actividades de rehabilitación. Esto resulta en un sistema complejo, 4 Entre otros estudios, el informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social (2007) contempla recomendaciones para una política de seguridad ciudadana. En Pleitez (2006) se presentan propuestas para desarrollar una política integral de seguridad ciudadana. En ENADE 2015, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó la Estrategia de Seguridad Ciudadana que incluye los principales hallazgos y recomendaciones de un estudio encomendado por la ANEP, el cual estuvo liderado por Rudolph W. Giuliani. en el que no siempre hay una asignación precisa de responsabilidades, ni están defnidos claramente los vínculos entre las instituciones, lo que hace que haya duplicidad de funciones
En El Salvador, de acuerdo con los reportes del Viceministerio de Transporte (VMT), alrededor del 80% de los ciudadanos hacen uso del transporte público. Según los informes del Instituto de Medicina Legal (IML), el 3.3% del total de homicidios sucedidos entre 2008 y 2013 ocurrió “dentro de un vehículo del transporte público”. El 20.6% de todos los robos y hurtos se producen dentro de autobuses y un 7.5% adicional son perpetrados en las paradas de autobuses; además, el 41.1% de todos los delitos en los que se utiliza un arma, se comete en las paradas de autobuses (ANEP, 2015).
El 17 de septiembre de 2015, el Gobierno presentó otra propuesta de una “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, la cual tiene por objeto establecer una contribución especial temporal -durante 10 años- destinada a la seguridad ciudadana, “con base en proyectos específicos contemplados en los planes de seguridad ciudadana y convivencia” , y hace una referencia expresa al “Plan El Salvador Seguro”, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia .
La violencia es uno de los problemas más graves que ha enfrentado el país por varios años y es un obstáculo para el desarrollo1 . Con el fin de aportar elementos para la reflexión, esta posición institucional proporciona información sobre los recursos financieros y humanos para seguridad y administración de justicia bajo la responsabilidad del Estado, y los contrasta con los de otros países de la región, y con indicadores internacionales. Se pueden asignar recursos a un tema tan urgente, pero igual o más importante es usarlos eficientemente, para que se logren resultados concretos.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, en 2014 se denunciaron un total de 2,438 extorsiones, lo cual representa una disminución del 10%, en comparación con las 2,709 denuncias que se presentaron en 20131. En el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del segundo semestre de 2013, FUSADES destacó que el 2013 también cerró con una disminución del 9.4% en el número de denuncias por extorsión, en comparación con el año 20122. En suma, se reportan dos años con denuncias a la baja.
El CPP aprobado por la Asamblea Legislativa, retoma muchos de los elemntos ya vigentes por el Código Penal de 1998, en lo referente a los actos de investigación bajo control judicial, por lo que no se identifican mayores cambios en el modelo de investigación vigente.
El lavado de dinero consiste en hacer parecer que la riqueza obtenida mediante actividades ilícitas proviene de actividades lícitas; si bien El Salvador cuenta con una ley para combatir este delito desde 1998, esta no cumple completamente con los estándares internacionales.
El estándar internacional de normas para combatir el lavado de dinero es establecido a través de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero la Asamblea Legislativa se ha mostrado renuente a cumplir la recomendación del GAFI, que trata sobre una regulación especial para las Personas Expuestas Políticamente.

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